Empresas y fábricas con más responsabilidad

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La crisis ha empujado a los ciudadanos a reclamar con fuerza un cambio en la responsabilidad social a las empresas, a las que exigen que, además de velar por su intereses, contribuyan a hacer sociedad

Muchas cosas han cambiado desde que hace cuatro décadas y media el economista y Premio Nobel de Economía Milton Friedman escribiera en el New York Times que la única responsabilidad social de las empresas es incrementar sus beneficios, siempre que cumplan con las leyes. A medida que la pasada centuria tocaba a su fin, lo que en principio fue considerado un simple ejercicio de filantropía, por tanto siempre voluntario, y ligado generalmente a aspectos ambientales, fue extendiéndose paulatinamente hacia otros contenidos y actividades relacionados con la acción social, la formación y los derechos humanos, pero manteniendo aún el criterio de donación o patrocinio como fin último. Sin embargo, el nuevo siglo trajo consigo una nueva formulación de este concepto, que a partir de este último decenio pasa a vincularse definitivamente a la propia gestión de la empresa y lo relaciona con sus grupos de interés y con sus impactos sociales, laborales y medioambientales.

Se trata, como diría Edward Freeman en su teoría de los stakeholders –término que se refiere a quienes pueden ser afectados por las actividades de una empresa–, de que hacer negocios tiene que ver con cómo clientes, proveedores, empleados, inversores, sociedad, medios de comunicación y directivos interactúan entre ellos y crean valor para todos.

Concepto mal entendido

Desde entonces, este cambio conceptual de la responsabilidad social corporativa (RSC) o de las empresas (RSE), que tanto da, que busca que estas contribuyan también a hacer sociedad, lleva años luciendo en el escaparate, aunque son muchos los que piensan que aún no ha terminado de entenderse del todo. Y es que, pese al amplio desarrollo mediático, político y social y a los cientos de millones de euros que anualmente se mueven en realizar certificaciones, encargar asesorías, emitir sellos de calidad, elaborar informes y estudios y organizar jornadas o publicar guías y cerrar acuerdos, lo cierto es que la inmensa mayoría de los ciudadanos y gran parte de los directivos y empresarios desconoce aún el significado de estas siglas. Y si lo saben, lo confunden con una simple estrategia de marketing y comunicación orientada a mejorar la reputación de la empresa.

Con todo, y aunque todavía las empresas españolas –especialmente las pequeñas y medianas, en las que la implantación de esta cultura empresarial está muy poco o nada arraigada– tiene cierta tendencia a confundir esta responsabilidad con acción social, cuando no a equivocar la transparencia y el buen gobierno con la rendición de cuentas y la medición de resultados por parte de terceros, la RSE va implantándose poco a poco en nuestro país, aunque sin llegar al aprobado.

Las compañías que en unos años no sepan justificar su responsabilidad social muy probablemente ya no sean empresas

Así, al menos, se reflejaba en el informe que hace un año dio a conocer la compañía noruega de información de proveedores Achilles, que situaba en 37 puntos sobre 100 la calidad y grado de implementación de la RSE en España. Entre las conclusiones de este estudio, destaca que solo una de cada cien de las 7.248 compañías consultadas disponía de sistemas certificados de gestión de RSE, si bien cerca de la mitad afirmaba contar con plataformas e instrumentos de comunicación de RSE, pero solo el 19% de ellas reconocía prestarse a verificaciones o auditorías de terceros. Además, el 72% de las compañías aseguraba que contaba con políticas contra la corrupción y que prácticamente tres de cada cuatro disponía de un sistema de gestión de calidad certificado y de un certificado de medio ambiente.

Una visión optimista que también aparece en el último informe Forética 2015 sobre el estado de la RSE en España, en el que bajo el subtítulo Ciudadano consciente, empresas sostenibles, observa dinámicas favorables al crecimiento del consumo responsable y concluye que este año se presenta como el inicio de una nueva etapa en este campo.

Consumidor responsable

En concreto, este informe destaca que 12 millones de consumidores –el 36,2% de la población– se declaran sensibles a la responsabilidad social de las empresas, una cifra que se incrementa por primera vez desde 2008, y que casi uno de cada tres conoce este fenómeno y practica el consumo responsable. Igualmente, también por primera vez en este informe que cumple su sexta edición el ciudadano declara valorar los atributos de la RSE por encima de los de mercado a la hora de considerar a una compañía una buena empresa. Así, la mitad de la población asegura haber comprado productos por saber que es una empresa social responsable, de igual forma que el 44% de los consumidores reconoce que ha dejado de comprar una marca por su malas prácticas respecto a la sociedad y el medio ambiente.

Tras 15 años de difusión y promoción, nadie niega que la RSE en España ha experimentado un importante desarrollo gracias, en gran medida, a las medidas e iniciativas impulsadas desde la Administración pública –desde 2002, cuando se creó el primer grupo de expertos de responsabilidad social, los sucesivos Gobiernos centrales han creado el Foro de Expertos en RSE (2005), el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (2008) y la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020–, como tampoco que en algunas empresas conviven sin aparente conflicto muchas buenas prácticas en esta materia junto con vulneraciones flagrantes de legislación laboral o social.

En este sentido, resulta chocante la postura que mantienen las grandes empresas españolas del Ibex 35 –las únicas obligadas hasta ahora a rendir cuentas de lo hecho en materias no financiera–, que en el 94% de los casos sigue teniendo sociedades radicadas en paraísos fiscales, según puso de manifiesto el undécimo informe del Observatorio de RSC conocido en mayo pasado.

En el estudio La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35, esta organización resalta que en los documentos aportados por estas empresas brilla por su ausencia la información sobre la actividad en paraísos fiscales, impuestos pagados país a país, denuncias y sistemas de gestión de la corrupción, puertas giratorias, actividad de lobby, gestión de los derechos humanos en países con elevado riesgo y denuncias en materia de libre competencia.


Motivación economicista

Por otro lado, no faltan quienes opinan que la crisis económica que aún colea se ha encargado de desnudar a la RSE. Así, subrayan que ha bastado tener que apretarse el cinturón para descubrir que la responsabilidad social practicada por la mayoría de las empresas se había hecho por motivos exclusivamente economicistas. Así lo señalaba el diputado socialista Ramón Jáuregui hace unos cuantos meses en un artículo publicado en El País, en el que aseguraba que la RSE se está viendo lastrada, de un lado, por la ausencia de una verdadera conciencia pública que censure los comportamientos irresponsables y, de otro, por la falta de estímulos o premios a los esfuerzos de las empresas en RSE, que ponen en tela de juicio la idoneidad de acometer costosas inversiones en tiempos difíciles a cambio de intangibles más que dudosos.

Pero la crisis también ha modificado el perfil de la participación social de los empresarios españoles. Si antes las empresas se conformaban con actividades simbólicas en las que participaban tirando de chequera, ahora insisten en proyectos con un efecto real en la sociedad en los que puedan colaborar de forma activa.

De resultas de este cambio, el informe RSE y Marca España: empresas sostenibles, país competitivo, elaborado conjuntamente en noviembre pasado por Forética y Marca España, explicaba que nuestro país es un actor de primera magnitud en el desarrollo de la responsabilidad social a nivel mundial debido, entre otros fundamentos, a que las grandes empresas españolas están a la vanguardia en sostenibilidad, según constatan distintas casas de análisis internacional.

España es, según recoge este estudio, la nación que cuenta con mayor número de firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas –la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial, con más de 12.000 entidades firmantes en más de 145 países– y su bolsa de valores es la octava más sostenible del mundo.

Además, la calificación en sostenibilidad de las empresas españolas (6,13) supera a las media mundial (5,23) y europea (5,92), de acuerdo con MSI ESG Research, y la red global de servicios KPMG coloca a nuestro país en el segundo lugar en calidad de sus memorias de sostenibilidad, solo después de Italia y superando en más de 34 puntos la media mundial.

Por otro lado, 11 empresas españolas están entre las 187 líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático, según la organización Carbon Disclosure Project, y a falta de conocer los datos correspondientes a 2015 del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones (DJSI, por sus siglas en inglés), realizado por RobecoSAM, el pasado año 14 empresas españolas, tres menos que en la edición anterior, figuraban en este selectivo índice integrado a nivel mundial por 319 compañías.

Pero este brillante expediente no debe impedir que la voluntariedad de estas actuaciones sea objeto de revisión, como así reclaman muchos expertos y aprobó en octubre pasado el Parlamento Europeo, al extender la obligación de divulgar información no financiera a las empresas de más de 500 trabajadores con datos relativos, como mínimo, a cuestiones medioambientales y sociales, de personal, derechos humanos y sobre la lucha contra la corrupción y el soborno. Sin embargo, en España, que tiene de plazo hasta 2016 para trasladar la directiva, este plausible empeño de Europa por acercar la realidad empresarial a los ciudadanos solo afectará a 130 empresas, más allá de las cotizadas.

En este contexto, no resulta extraño que unos digan que se ha avanzado mucho y otros que casi nada. O incluso que la palabra responsabilidad no tenga el mismo significado para directivos y consumidores. Pero lo que pocos niegan es que esta nueva RSE, entendida como aquella en que las empresas, además de perseguir sus propios intereses, perciban que tienen determinadas obligaciones morales ante la sociedad y se sientan comprometidas a cumplirlas, ha venido para quedarse. O, dicho de otro modo, las compañías que en unos años no sepan justificar su existencia como socialmente responsables, probablemente ya no sean empresas.

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