Sobre el anteproyecto de ley de colegios profesionales

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En más de una ocasión, como colegiado veterano, como directivo, primero, y decano, después, con la larga experiencia en la gestión de un colegio profesional, me he dirigido a los colegiados, a la autoridades y a los ciudadanos, destinatarios últimos de nuestro quehacer, en defensa de las instituciones colegiales. Debo hacerlo otra vez, pues lo considero un cumplimiento del deber, tras comprobar que en el mes de agosto se ha iniciado con un nuevo quebranto planeado por el Gobierno de la nación, según el Consejo de Ministros del viernes 2 de agosto. Porque eso, un quebranto, y no pequeño, es el llamado “anteproyecto de ley de Colegios Profesionales y del ejercicio de las profesiones liberales” que se enviará al Parlamento. Tal como se ha redactado, es hostil a los Colegios Profesionales (CC PP) y adolece, además, de un notable y perjudicial intervencionismo.

El Gobierno parece haber asumido planteamientos ideológicos contrarios en todo aquello que puede dañar a los CC PP. Por una parte, derriba las paredes protectoras que la sociedad se ha dado, porque los profesionales asociados como tales son una encarnación de la sociedad civil y, aunque de carácter público, por el servicio destacado que prestan a la comunidad, no son instituciones gubernativas ni estatales, sujetas a la voluntad directa del gobernante. Por otra, ataca a nuestras corporaciones como si se tratasen de agremiaciones corporativistas, cerradas, excluyentes y monopolistas, cuando es más cierto y comprobable que su actividad se encuentra reglada, incluso minuciosamente, por el poder legítimo.

Los CC PP han alcanzado una gran madurez histórica, un estatuto en el que puede afirmarse que se dan cita los mejores rasgos de cada tendencia, una feliz fusión de la iniciativa privada y el interés público que mantiene a las profesiones colegiadas en una fértil tensión cuyos frutos muy visibles con la actualización técnica y deontológica, por una parte, y, por otra, la salvaguarda de los derechos de la sociedad (y no solo de los profesionales colegiados), encarnada en supervisiones y garantías técnicas, por un lado, y en seguros eficaces frente a riesgos e imponderables, por otro.

Y esto no es retórica: son cosas que funcionan, hechos verificables, realidades cotidianas por las cuales nuestra sociedad vive mejor y más segura. Eso, sin contar con factores añadidos, como el prestigio exterior de que, por lo general, disfrutan nuestras instituciones o del, a fin de cuentas, bajísimo coste de estas aportaciones tan valiosas, porque las economías de escala y una gestión depurada han logrado optimizar los recursos de modo sobresaliente.

Dicho lo cual, ¿por qué cree el Gobierno que un ataque a las entidades colegiales dinamizará el ejercicio profesional? ¿En qué pueden ayudar estas reformas, que tienen por motivo alegado hacer de los CC PP instituciones representativas, como si hasta ahora no lo hubieran sido, u obligadas a una gestión transparente, como si no la ejercieran ya, todo ello bajo el control de las autoridades ministeriales y de los propios órganos específicos de los colegios?

El Gobierno interpreta el sentido del verbo liberalizar de una forma peculiar, la de quienes, en un planteamiento extremoso, creen que liberalizar es suprimir las regulaciones legales. La tradición europea, de la que España se nutre, concibe la liberalización más bien como supresión de trabas innecesarias, no como eliminación de normas. En la ingeniería técnica, el ejercicio libre de la profesión es, estadísticamente, muy pequeño: si el deber de colegiarse se restringe a ese único ámbito, nuestros colegios pueden reducirse a entidades simbólicas y, sobre todo, incapaces de garantizar a los ciudadanos, en tanto que consumidores, la necesaria seguridad técnica y jurídica en numerosas actividades que les afectan a diario, téngase o no conciencia de este factor.

“CABE PREGUNTARSE SI ESTE NUEVO ATAQUE A LAS INSTITUCIONES COLEGIALES SERÁ UN ELEMENTO QUE FACILITE LA SALIDA DE LA CRISIS ECONÓMICA QUE TIENE A NUESTRO PAÍS CABIZBAJO Y CONFUNDIDO SOBRE SU FUTURO. PARECE DEL TODO INGENUO, POR EMPLEAR UNA EXPRESIÓN EUFEMÍSTICA, QUE UNA MEDIDA DE ESTE PORTE SEA PRESENTADA COMO UN ELEMENTO QUE FAVORECERÁ LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ESPAÑA”

Una vez que se han traspuesto a la legislación española las directrices europeas al respecto –y, en algún caso, con exceso inncesario de celo–, cabe preguntarse si este nuevo ataque a las instituciones colegiales será un elemento que facilite la salida de la crisis económica que tiene a nuestro país cabizbajo y confundido sobre su futuro. Parece del todo ingenuo, por emplear una expresión eufemística, que una medida de este porte sea presentada como un elemento que favorecerá la recuperación de la actividad económica en España. Algunos creemos que logrará objetivos contrarios a los anunciados, sin que haya que esperar mucho tiempo para confirmarlo.

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