Nucleares

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“TODO HACE SOSPECHAR QUE EN ESPAÑA NO SE CONSTRUIRÁN NUEVAS CENTRALES A CORTO O MEDIO PLAZO, ENTRE OTRAS RAZONES PORQUE TAMPOCO DESDE LOS SECTORES ECONÓMICOS HAY UNA APUESTA DECIDIDA EN TAL SENTIDO”

En el discurso inaugural de la central nuclear de Zorita, ahora en proceso de desmantelamiento, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Gregorio López Bravo, dijo: “Hoy se inicia otra etapa que ha de exigir de todos una colaboración amplia y sin reservas en la búsqueda de minerales radiactivos, en la puesta a punto de nuevos métodos para su beneficio y aprovechamiento, en la investigación de los reactores del futuro y del combustible a emplear en ellos, y en la construcción en suma de nuevas centrales que permitan conseguir el objetivo primordial de nuestra política energética: energía segura a precios competitivos para que el pueblo español pueda alcanzar el nivel de bienestar moral y material a que legítimamente aspira”.

Estas palabras pronunciadas en 1968 por el carismático López Bravo, en presencia del Jefe del Estado, Francisco Franco, marcan el inicio de la era nuclear española con fines pacíficos. Como queda bien patente, la apuesta es clara y decidida y es oportuno recordarla porque quizás sea la única ocasión en la que un gobierno, no democrático por cierto, habla con semejante claridad de este espinoso asunto. Tres años después, comienzan las protestas de un incipiente movimiento ecologista que hará de la energía nuclear su causa más emblemática.

A propósito del cierre de Zorita, el pasado mes de abril, los medios de comunicación han reavivado el debate sobre el futuro de las centrales nucleares en España. Un debate recurrente en los últimos años porque el problema del cambio climático ha dado nuevos bríos a un sector que quedó tocado de muerte tras el accidente de Chernobil (Ucrania) hace ya veinte años. Aunque muchos le tachan de oportunista, es del todo legítimo que el sector nuclear se aferre a este clavo ardiente que, por otra parte, no es discutible. En efecto, las nucleares no emiten CO2, uno de los principales gases de efecto invernadero que contribuyen a ese cambio climático que casi todos dan ya por inevitable.

Las posiciones, a pesar de todo, siguen inamovibles. En el debate sobre el estado de la Nación de 2005, el presidente Zapatero se comprometió a crear un foro de discusión, la llamada Mesa Nuclear, en el que han participado diputados, senadores, técnicos y representantes del sector eléctrico, ecologistas, etc. Pues bien, tras un año de densas e intensas reuniones, esa Mesa se ha dado por cerrada sin conclusiones. Las han dejado para más adelante.

Aun siendo cierto que Rodríguez Zapatero ha hecho algunos guiños antinucleares, en realidad mantiene al respecto la misma ambigüedad que sus antecesores en el Palacio de la Moncloa. Si bien el primer gobierno de Adolfo Suárez apostó por la energía nuclear, hasta el punto de que había planes para construir entre veinte o veinticinco centrales más, nunca expresó públicamente sus entusiasmos o sus temores hacia esta alternativa. Tampoco lo hizo Felipe González ni ninguno de sus ministros, a pesar de la moratoria de 1984 que supuso la paralización de todas las centrales en construcción, salvo la de Trillo. Y esa misma posición mantuvo José María Aznar, cuyo gobierno decidió el cierre de Zorita. ¿Por qué esa ambigüedad temerosa? Evidentemente, por razones políticas, o mejor dicho, por razones electorales. Las simpatías por la energía nuclear no suben en las encuestas y nadie quiere tomar decisiones impopulares. Lo que llama la atención es que esos mismos gobiernos democráticos que han afrontado el coste de las durísimas reconversiones industriales, de la modificación hasta el escarnio del mercado laboral o de la participación en la guerra de Irak, por citar tan sólo unos pocos ejemplos, no se atrevan a asumir la impopularidad nuclear.

Por tanto, seguimos en la ambigüedad más o menos calculada, pero todo hace sospechar que en España no se construirán nuevas centrales a corto o medio plazo, entre otras razones porque tampoco desde los sectores económicos hay una apuesta decidida en tal sentido. Cuando las compañías eléctricas salen en defensa de esta energía, lo hacen más por mantener lo que tienen sin demasiados sobresaltos (siempre han temido el efecto dominó que pudiera generar el cierre de Zorita) que por su confianza en que la altísima demanda de electricidad pueda cubrirse con la energía de fisión. Ni siquiera está claro qué va a ocurrir en relación con los residuos radiactivos de alta actividad. Desde el Parlamento se ha recomendado la construcción de un ATC (Almacén Temporal Centralizado), frente a la opción defendida por los ecologistas de que cada central guarde sus propios residuos hasta que aparezcan alternativas de tratamiento más fiables. ¿Pero quién se atreverá a decidir dónde iría ese ATC? Me permito adelantar una intuición: si no se construye en Vandellós (Tarragona), no habrá ningún otro lugar. Al tiempo.

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