Desinformación y chantaje

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No es probable que cuando estas líneas vean la luz el Ministerio de Industria haya decidido ya la ubicación del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y larga vida. Lo más probable es que el ministro, Miguel Sebastián, agote el plazo previsto, finales de junio, para dejar que las aguas remansen tras el agitado oleaje que la convocatoria pública originó durante el plazo de presentación de candidaturas municipales para acoger la instalación. El oleaje fue aventado por los grupos antinucleares y por los políticos de las comunidades implicadas, tanto en el Gobierno como en la oposición, que han aprovechado la ocasión para hacer demagogia sopesando el coste político de su postura en votos.

Decían los presidentes de Cataluña y de Castilla-La Mancha que no querían un almacén de residuos radiactivos, pero no decían a sus ciudadanos que de no construirse el ATC, cada una de sus comunidades autónomas tendrían dos almacenes de estos mismos residuos: en Ascó y en Vandellòs, en el primer caso, y en Zorita y Trillo, en el segundo.

Pese al griterío antinuclear, desoyendo incluso las amenazas de expediente disciplinario que sobrevolaron el escenario, algunos alcaldes decidieron presentar su candidatura, la mayoría de forma subrepticia, a escondidas, apurando el plazo para no convertirse en blanco de las iras de los vociferantes y para evitar el enfrentamiento entre vecinos que se produjo en algunos pueblos. Tras la batalla, humeante aún el registro del Ministerio, sus responsables pudieron respirar con tranquilidad: 14 consistorios se habían presentado, aunque alguno se retiró posteriormente.

Las razones que llevaron a los munícipes postulantes a asumir los riesgos derivados de su osadía son claras: una lluvia de millones de euros (en torno a 700) de inversión para construir y gestionar el almacén y el centro de investigación asociado, 300 empleos permanentes y unos ingresos directos regulares a largo plazo para el municipio, estimados en otros seis millones. En definitiva, un maná que permitiría devolver la vitalidad a sus mustias poblaciones o mantener el ritmo de ingresos en el caso de los municipios ya nucleares. Menos claras están las razones de los oponentes. Existe, claro está, el temor que suscita todo lo que lleve el adjetivo nuclear o radiactivo. Es un temor razonable, porque esos residuos son peligrosos y llevan aparejado un riesgo cierto, pero ese peligro es susceptible de ser gestionado hasta reducir el riesgo a límites asumibles. Y hay, sobre todo, mucha desinformación, a veces propiciada por algunos.

Buena parte del temor procede de la idea de que los residuos puedan producir una reacción nuclear explosiva y mortífera, como la de la bomba atómica o la de un reactor nuclear. La probabilidad de que esto suceda es nula, ya que los elementos combustibles, situados fuera del reactor y sin el moderador necesario, no pueden producir reacciones en cadena. Se limitan a emitir radiactividad por desintegración natural de los isótopos que contienen.

La mayor parte de esa radiactividad se encuentra en forma de partículas alfa, relativamente pesadas, con gran capacidad ionizante (y, por tanto, peligrosas), pero con una escasa capacidad de penetración. Tanto es así, que son incapaces de atravesar un simple cartón, de modo que los gruesos y resistentes contenedores de acero y hormigón en los que se introducen los residuos cumplen con creces las necesidades de aislamiento de los mismos, incluso en condiciones de catástrofe, natural o producida por el hombre.

Muchos de los isótopos que se amalgaman en estos elementos combustibles irradiados tienen periodos de semidesintegración muy largos, a veces de decenas o centenares de miles de años, lo que suscita razonables y temerosas dudas sobre la forma en que pueden ser controlados a tan largos plazos. Para empezar a afrontar esta cuestión no está de más saber de qué cantidades hablamos. Todos los residuos nucleares de alta actividad producidos por las aproximadamente 450 centrales nucleares que funcionan o han funcionado en todo el mundo hasta la actualidad no llenarían el estadio Santiago Bernabéu. Y la mayor parte de ellos podrían reutilizarse en los reactores del futuro para generar más energía y eliminarlos hasta en el 99%. Y en eso trabajará precisamente el centro de investigación asociado al almacén. Aunque nadie puede negar el problema, cuantificarlo ayuda a situarlo en su justa medida.

«TODOS LOS RESIDUOS NUCLEARES DE ALTA ACTIVIDAD PRODUCIDOS POR LAS APROXIMADAMENTE 450 CENTRALES NUCLEARES QUE FUNCIONAN O HAN FUNCIONADO EN TODO EL MUNDO HASTA LA ACTUALIDAD NO LLENARÍAN EL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU»

Y también conviene recordar que a pesar del catastrofismo de las proclamas emitidas por los grupos que se oponen al ATC, su postura está orientada por otra intencionalidad, la de forzar el fin de la energía nuclear. De ahí que se presten a suspender su oposición y colaborar en la puesta en marcha de la instalación si lleva aparejado el cierre de las centrales nucleares. Es como decir que todos los problemas que aseguran que conlleva el ATC desaparecen si consiguen su objetivo. Esa postura se asemeja perversamente a una que tiene nombre específico en el Código Penal: chantaje.

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