Antonio López-Istúriz White

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“Sólo facilitando la movilidad de los trabajadores conseguiremos una economía pujante y competitiva”

Antonio López-Istúriz White (Pamplona, 1970) es secretario general del Partido Popular Europeo (PPE) y secretario ejecutivo de la Internacional Demócrata de Centro (IDC) desde el año 2002. También es miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, así como del Comité Ejecutivo del Partido Popular (PP), en nuestro país.

El Mercado Interior en la Unión Euro-pea proporciona a 500 millones de europeos acceso a mercancías, servicios, empleo, oportunidades de negocio y la riqueza cultural de los veintiocho Estados miembros. ¿Cómo valora el trabajo realizado por el Parlamento Europeo en la última legislatura para el desarrollo del Mercado Interior?

En primer lugar, la cuantificación de los efectos económicos del mercado único es muy compleja. Dicho esto, se calcula que el Mercado Interior ha creado cerca de 3 millones de puestos de trabajo directos y supuso un crecimiento del orden del 5% del PIB de la Unión. En esta legislatura hemos querido centrarnos en fortalecer el mercado único con 6 grandes paquetes de legislación: unión aduanera, paquete de servicios, paquete de bienes, estandarización, agenda digital y acta de accesibilidad.

Desde su punto de vista, ¿qué puede hacer el Parlamento Europeo para mejorar la movilidad de profesionales en Europa, en particular los ingenieros, y facilitar su libre acceso al Mercado Interior?

La libre circulación de mercancías, servicios, personas y capital son los cuatro pilares del Mercado Único de la Unión Europea. Esto conlleva que potenciemos la movilidad de profesionales en Euro-pa. El Mercado Único debe garantizar la igualdad de oportunidades para todos los profesionales europeos y ello se consigue, precisamente, ampliando el ámbito de la Tarjeta Profesional Europea prevista en la Directiva 2005/36 a otras profesiones como la de ingeniero. Más aún cuando las tasas de desempleo europeas, especialmente la juvenil, siguen siendo muy altas. Sólo facilitando la movilidad de los trabajadores a lo largo y ancho de la Unión Europea conseguiremos una economía dinámica, competitiva y pujante, que cree puestos de trabajo y en la cual, además, los trabajadores puedan desplazarse libremente a donde estén esos puestos de trabajo.

Por otra parte, y respecto a los Principios Comunes de Formación también previstos en la menciona Directiva, es un instrumento que existe y que todavía no ha sido desarrollado. Creo que tiene un gran potencial para la consecución del mercado común y lograr la convergencia en profesiones reguladas por los Estados miembros. En este particular creo que la profesión de Ingeniero podría ser de las primeras en aprovecharse de este mecanismo para que se convaliden las competencias adquiridas en cualquier país de la Unión Europea.

Soy consciente de que una empresa a la hora de desplazarse a otro Estado Miembro, todavía tiene que esperar hasta 4 o 5 meses, para que sus ingenieros puedan colegiarse en ese país y ejercer su profesión. Esto no es aceptable y sé que muchas empresas pierden negocios por cuestiones administrativas o tienen encargos añadidos con personal cualificado, del que ya disponen, pero que están imposibilitados para ejercer su profesión. Conociendo esta realidad he hecho dos preguntas a la Comisión Europea. La contestación de la Comisión Europea ha sido muy positiva y estamos negociando para que estos procedimientos administrativos se acorten a través de la Tarjeta Profesional Europea para Ingenieros.

El pasado invierno, el Parlamento Europeo retiró la propuesta de Directiva sobre la llamada e-card; pese a sus lagunas y problemáticas, la propuesta estaba destinada a facilitar la movilidad de empresas en Europa. ¿Cree que debería plantearse nuevamente la propuesta de Directiva?

Esta propuesta encontró una gran resistencia por parte de muchos Estados miembros que no querían perder el control de los requisitos que las empresas deben cumplir a la hora de ejercer en su país. No quedaba claro si el Estado miembro de destino conservaba su actual facultad de aplicar requisitos reglamentarios nacionales, y de decidir si el solicitante podía ofrecer servicios en su territorio. Estando ahora al corriente de los puntos conflictivos, creo que la Comisión Europea tiene la información necesaria para presentar una nueva propuesta. No obstante, el desarrollo de la tarjeta profesional europea y de “principios comunes de formación” es una vía alternativa para proseguir los objetivos de la E-card.

¿Cuál es su visión de futuro para el desarrollo del Mercado Interior Europeo y qué se espera del nuevo Parlamento Europeo que surgirá en mayo de 2019?

Tenemos que ser conscientes de nuestra dimensión y crear el ambiente jurídico y económico adecuado para que nuestras empresas ganen una dimensión europea, fortaleciendo la economía y creando más empleo. Hay todavía muchas barreras.

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