A propósito de un dislate

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Hace ya meses que intuíamos que desde el Gobierno se jugaba obsesivamente con la idea de señalar a los colegios profesionales como uno de los grandes obstáculos para el desarrollo económico de España. Incapaz de afrontar una reforma integral de la vieja y preconstitucional Ley de Colegios Profesionales, optó por modificarla en algunos aspectos, integrando esa reforma en la transposición de la Directiva de Servicios al abrigo de una ley convertida en el cajón de sastre de modificación de leyes anteriores, la conocida Ley Ómnibus. Esa ley, traída por los pelos y sin base legal ni fundamento en la propia Directiva Europea de Servicios en la mayoría de su contenido, se ha presentado como la gran panacea para conseguir la liberalización de los servicios en España, sin entender que la rémora de los servicios no está en su mayor o menor grado de liberalización, sino en su mayor o menor eficacia y, sobre todo, en un funcionamiento más o menos ágil de la propia Administración pública, que, quiérase o no, es la que los ciudadanos señalan como el mayor obstáculo a sus gestiones. Una pretendida liberalización no debe dar lugar a la falta de regulación ni a la desaparición de los controles de seguridad y calidad de los servicios, sino, precisamente, a la mejora de los procesos que aseguren estos. No puede abdicar la Administración de su responsabilidad, ni permitir que instituciones que tienen encomendadas funciones de control de influencia decisiva en el bienestar y la seguridad ciudadana sean sustituidas por nada o, peor aún, por empresas cuyo fin esencial es el lucro y a ello condicionan todos los demás aspectos de su gestión.

Pero la obsesión enfermiza de los ministerios de Economía y de Industria -y del Gobierno, en definitiva- por imputar a los colegios profesionales los nefastos resultados de su gestión y los esfuerzos por acabar con ellos por inanición, han dado lugar a la elaboración de un proyecto de real decreto sobre visados que es la suma de todas las torpezas a que nos tienen acostumbrados. Desobedeciendo el mandato de la propia Ley Ómnibus, presentan un borrador en el que eliminan el control obligatorio previo de los proyectos que tienen una influencia decisiva en la seguridad de la personas, sin presentar siquiera a cambio una alternativa mínimamente razonable.

«LA SUPRESIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL VISADO MERMARÁ CONSIDERABLEMENTE LA SEGURIDAD DE LAS OBRAS E INSTALACIONES AL SUPRIMIRSE EL CONTROL PREVIO DE PROYECTOS Y PROPICIARÁ EL INTRUSISMO PROFESIONAL DE PERSONAS NO IDÓNEAS»

La memoria -¿justificativa?- que acompaña a la propuesta de real decreto es un rosario de disparates que debería hacer sonrojar a su autor o autores si tuvieran capacidad para ello. La supresión de la obligatoriedad del visado mermará considerablemente la seguridad de las obras e instalaciones al suprimirse el control previo de proyectos y propiciará el intrusismo profesional de personas no idóneas. Pero eso no importa al Gobierno. La memoria citada está impregnada de una lógica que únicamente está al servicio de la intención final, cual es la supresión de las funciones esenciales de los colegios profesionales y la eliminación de su actividad reguladora de la profesión. Subyace en todo ello, como decíamos, el inconfesado fin de otorgar privilegios a entidades privadas que pueden lucrarse de un trabajo que ha

sido hasta ahora desempeñado por los colegios con singular eficacia y responsabilidad. Hay que proclamar con firmeza desde estas páginas que nuestros colegios profesionales no tienen como fin la obtención de ganancias económicas, como retorcidamente se proclama desde foros gubernamentales y afines, sino que los ingresos obtenidos por la función reguladora del visado revierten en su totalidad en beneficios para sus colegiados y, lo que es más importante, en servicios a la propia sociedad, pues la formación de buenos profesionales -tarea fundamental realizada por los colegios- es obvio que afecta positivamente a la sociedad de una manera decisiva.

Pero aquí no valen los argumentos. La decisión irracional está por encima de cualquier consideración y análisis. Las manifestaciones de la propia ministra de Economía son claras: «Seguiremos adelante con la supresión del visado obligatorio». Cabría añadir: ¡Con razón o sin ella! Nosotros sabemos que somos instituciones incómodas para el poder, porque no pueden controlarnos y nuestra independencia es la bandera que podemos exhibir orgullosos. Vamos a luchar por ella y no abdicaremos de nuestra misión. Parafraseando a la ministra -aunque atente contra nuestro buen gusto- decimos: «seguiremos adelante con nuestra defensa del visado» y emplearemos todos los medios democráticos y legales a nuestro alcance para conseguir nuestro objetivo, que no es otro que consolidar nuestro compromiso por una sociedad segura y avanzada.

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