Luchar por lo evidente

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La fiebre liberalizadora del Gobierno es tal que parece que no le importe poner en riesgo la seguridad de los usuarios de los servicios de ingeniería y, como cualquier ente irresponsable, ciego ante un ejercicio profesional ordenado, achaca todos los males de la economía y de la mala prestación de servicios a los colegios profesionales, como si éstos fueran el espíritu maligno de una muy deficiente Administración -ahí habría que agilizar la prestación de servicios, ahí habría que modernizar y acabar con el escándalo de la ineficacia burocrática y la casi inexistente productividad de los organismos públicos- y a ellos se debiera lo peor de este país.

¿De dónde sale tanta animadversión a unas instituciones que, precisamente, han cumplido con creces, como ninguna otra, el papel que les ha sido asignado: la regulación de la profesión, la protección de los consumidores y la seguridad de obras e instalaciones? ¿Cuál es el fondo de esa actitud que todavía sigue concibiendo a los colegios profesionales como instituciones caducas, ancladas en el gremialismo del siglo XIX? No cabe otra respuesta que la de suponer que el origen de todo ello es el falso progresismo, ese falso progresismo que nos lleva -¡Quién lo habría de decir!- a la Ley de la Selva, a la falta de regulación social, al sálvese quien pueda, a la desprotección del ciudadano ante una deficiente prestación de los servicios de ingeniería.

Pero todavía hay cosas más graves. Ese disfraz de progresismo ultraliberal que es el motor que alimenta la hostilidad contra los colegios profesionales tiene justificaciones inconfesables: favorecer a las empresas de control de carácter privado, empresas con ánimo de lucro nacidas al socaire de una mala política creciente de abandono de responsabilidades por parte de la Administración pública, que viene ya de lejos. Y favorecer a esas empresas con intereses alejados y no pocas veces contrarios al servicio a la sociedad está en la raíz de todo el proceso. Véase si no, la filosofía que impregna to-dos los reglamentos de seguridad, la concesión arbitraria, injustificable e injustificada a las empresas de control de funciones reservadas por ley a los profesionales de la ingeniería, incluso el incumplimiento del procedimiento liberalizador de la puesta en marcha de industrias e instalaciones industriales. Ahí, en la concesión a esas empresas, no importa la imposición de trabas administrativas, no importa el dispendio económico, el encarecimiento del servicio, la mala prestación; ahí sólo importa crear una red que pueda ser controlada, e incluso dirigida, no sabemos a cambio de qué.

«ESE DISFRAZ DE PROGRESISMO ULTRALIBERAL QUE ES EL MOTOR QUE ALIMENTA LA HOSTILIDAD CONTRA LOS COLEGIOS PROFESIONALES TIENE JUSTIFICACIONES INCONFESABLES: FAVORECER A LAS EMPRESAS DE CONTROL DE CARÁCTER PRIVADO»

Los colegios profesionales de ingeniería -ésa es nuestra cruz- somos autónomos e independientes. No vivimos de las administraciones ni de sus subvenciones, ni siquiera nos interesan. Vivimos del servicio prestado a nuestros colegiados y a los ciudadanos. Nuestra independencia es nuestra razón de ser. Y somos decisivos en la buena práctica profesional. Por eso nos atacan. Es intolerable que el Gobierno, basándose en unas prospecciones económicas y sociales a medida -aquello del aumento del PIB y del incremento de puestos de trabajo- ni demostradas ni demostrables, intente manipular a los ciudadanos con el falso argumento de que los servicios prestados por los colegios profesionales de ingeniería son un freno a la agilidad de los procesos de implantación de industrias, de realización de infraestructuras y suponen un coste desproporcionado. Eso es, sencillamente, falsear la realidad, lanzar a la opinión pública datos inconsistentes en lugar de abordar los problemas que nos aquejan con un mínimo de coherencia.

Esta vez, escudándose en una directiva de servicios que, por si fuera poco, contiene una referencia expresa a la «necesidad de que los gobiernos animen al fomento de la calidad de los servicios facilitando la evaluación de las competencias de los prestadores por parte de los colegios para garantizar que los servicios prestados son adecuados y de garantía», nuestro Ministerio de Economía riza el rizo y hace justamente y con gran osadía la lectura contraria: suprímanse los controles de seguridad, liberalícese el ejercicio de la ingeniería sin alternativas racionales a cambio, otórguese la potestad de solicitar el control a los intermediarios y no a los sufridos usuarios finales, foméntese el intrusismo, encarézcanse los procedimientos. ¿Es eso lo que necesita nuestra sociedad? Permítanme que, parafraseando a Dürrenmatt, termine diciendo: «¡Qué tiempos éstos en los que hay que luchar por lo que es evidente!».

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