La reforma de las ingenierías y el desarrollo tecnológico

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«SI NO LOGRAMOS UNA INGENIERÍA ABIERTA, IMAGINATIVA, MODERNA E INNOVADORA, ESTAMOS CONDENADOS A SEGUIR SIENDO COMPARSA TECNOLÓGICA DE LOS PAÍSES PUNTEROS»

No es válida la reforma que propone la Conferencia de Rectores de la Universidad Española (CRUE), que sólo pretende cambiar el nombre de los títulos sin reformar la estructura bicéfala y decimonónica de las carreras de ingeniería (antes ingenieros técnicos-ingenieros, ahora grado y máster) con las mismas funciones y perpetuación de los problemas actuales en estas carreras.

Una vez que se ha traspasado el umbral de las elecciones generales, hay que volver a retomar los problemas cotidianos. Y entre ellos se encuentra la reforma de las enseñanzas universitarias para adaptarlas a su integración al espacio de Educación Superior Europeo, pendiente de que el Gobierno resuelva el problema de la remodelación de las enseñanzas técnicas, cuya solución se complica por el hecho singular de la existencia durante más de siglo y medio de dos niveles de ingeniería, que prácticamente coinciden y se solapan en casi todos los aspectos de la práctica diaria, dando origen a una problemática que no sería deseable que se perpetuara en el futuro.

Existe un desacuerdo entre los dos niveles de ingeniería actuales, ingenieros e ingenieros técnicos, a la hora de abordar la reforma, que viene dado porque los órganos que representan a los estamentos de las ingenierías de segundo ciclo defienden, contra la opinión de los ingenieros técnicos, la persistencia en el futuro de los dos niveles decimonónicos existentes actualmente, es decir, a través de la existencia de un grado especializado y de un máster con atribuciones generalistas o «máster paraguas», que perpetúe la centenaria organización actual de estas carreras. Tal estructura atenta contra el sentido común, la organización admitida por la generalidad de las enseñanzas y la propia legislación actual educativa, y representa una singularidad dentro del panorama educativo nacional e internacional. Es en esencia la perpetuación de «la pirámide invertida», que es la negación del progreso en el saber.

No tenemos más remedio que opinar que esta estructura es totalmente ineficaz de cara al progreso y al desarrollo de la tecnología en nuestra nación, ya que frena y sacrifica el desarrollo de la nación española a la persistencia e intereses de un estatus profesional y docente, de la ingeniería autollamada superior, la cual apoya este absurdo simplemente por motivos más corporativos y de prestigio social que racionales. El resto de los estamentos universitarios consideran, como no puede ser de otra forma, los futuros títulos de máster como una oportunidad para adquirir conocimientos especializados que posibiliten la investigación, el desarrollo y la competitividad tecnológica de España a nivel internacional, y que las enseñanzas de máster sean, como lo han sido y son hasta ahora, enseñanzas especializadas, las cuales ya se imparten en todas las universidades de España y de la UE, ya sea con carácter de titulaciones propias u oficiales.

Existe una mentalidad muy extendida en los ámbitos del alumnado y docentes de considerar la universidad no como expendedora de saberes y conocimientos, sino como mera expendedora de títulos profesionales. Se estudia esencialmente para sacarse el título más que para adquirir unos conocimientos. Por tanto, la inquietud que existe en muchos docentes es evidente. Si tienen plenitud de competencias los titulados de grado, ¿para qué van a venir a la universidad a matricularse en un máster? O si se disminuye la duración de las futuras carreras, ¿qué van a hacer entonces con los actuales docentes?

La competencia real de un profesional no permanece intacta hasta su jubilación. Las atribuciones profesionales legales son un abanico de posibilidades, cuyo ejercicio queda supeditado por la competencia real. Un titulado tendrá unas teóricas atribuciones profesionales, pero sus competencias a la hora de ejercer una profesión pueden ser escasas si su formación no es la adecuada. Las atribuciones son los derechos que da la ley al poseedor de un título; y no los da la universidad, sino la legislación vigente. A la universidad le incumbe exclusivamente el deber de dar la formación suficiente que permita que los profesionales que poseen unas atribuciones legales sean, además, competentes social y profesionalmente. Y si no se hace eficazmente, porque se enseñan muchas veces conocimientos de escasa aplicación real en el desempeño profesional, con programas establecidos lejos de la realidad, de la demanda social de las carreras y de las necesidades formativas de los futuros profesionales que se forman en ellas, obtendríamos malos profesionales, con todas las atribuciones legales, eso sí, pero con una mala formación, lo que no les impedirá, pero sí les dificultará, el ejercicio profesional, obligando al titulado a buscar fuera la formación que la universidad debía darle dentro. Y la Universidad, en este caso, será una mala Universidad, aunque sus títulos tengan igual valor profesional que los de una buena. Como es lógico, siempre hay excepciones que confirman la regla.

Las reformas de los primeros Gobiernos democráticos en los años 80, en una situación de paro en España cercano al 20%, cerraron la puerta para que los docentes compatibilizaran la función docente con la profesional. Este hecho ha producido, salvo contadas excepciones, que haya muchos profesores que provienen de alumnos aventajados que, captados por los departamentos universitarios, continúan en ellos consolidando su carrera docente y llegando hasta las cátedras. Este fenómeno, que no tiene repercusión social en las carreras de investigación pura y teóricas, es indeseable en las carreras técnicas, donde la enseñanza de la práctica profesional es fundamental, dando origen a unos profesores alejados del mundo profesional, que es el real, donde los empresarios exigen a los profesionales que den soluciones reales a los problemas cotidianos.

Existen profesores de Derecho que no se han puesto nunca una toga, de Administración y Dirección de empresas que nunca han dirigido ni administrado una empresa, de ingenieros que nunca han hecho un proyecto, de comunicación que nunca han trabajado en un medio hablado o escrito, etcétera. Los profesores asociados que podían solucionar este problema han sido usados principalmente por la universidad en vez de para aportar experiencias exteriores para solucionar problemas de docencia interna. Los cursos de posgrado de máster actuales se pueden impartir por la concurrencia de docentes profesionales de empresas, ajenos a los estamentos universitarios, para suplir la falta de experiencia práctica de los profesores universitarios.

Esta situación, si sigue perpetuándose porque el Gobierno no hace la reforma necesaria y accede a las presiones de los colectivos citados, dificultará o impedirá que España sea la potencia tecnológica que merece, y que tras siglo y medio de esta arcaica y singular estructuración de las carreras de ingenieros no ha sido. Basta con un repaso a las marcas de productos industriales y de consumo para ver cómo éstas ostentan nombres japoneses, estadounidenses, alemanes, franceses, suecos e incluso suizos, pero escasamente españoles. Si no logramos tener una ingeniería abierta, imaginativa, moderna y con capacidad de innovación, estamos condenados a seguir siendo comparsa tecnológica de los países punteros, a ser un país de servicios. De nada valdrá que se destinen millones para I+D si los titulados, una vez terminado el grado, dedican sus años a ampliar sus conocimientos en extensión inútilmente para abarcarlo todo, en vez de profundizar en unas materias de acuerdo con sus inclinaciones vocacionales, única forma de aportar valor y progresar en el mundo de la técnica. De haberse aplicado tal estructuración a la medicina –primero siendo especialista y luego generalista–, nunca hubiéramos sido un país puntero en medicina.

La pelota está en el tejado del Gobierno. De él, como en tantas otras cosas, depende nuestro futuro bienestar, nuestro progreso y una eficaz utilización de los recursos que los ciudadanos aportamos con nuestros impuestos.

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