La función social de los colegios profesionales

Recientemente, desde altas instancias del Gobierno se ha aludido a la necesidad de modernización de los colegios profesionales. No sabemos qué significa exactamente ni cuál es el alcance de esta modernización anunciada, pero cualquier impulso debe conducir a una mejora del papel de los colegios en la sociedad y a un mayor reconocimiento de su función social. Y, naturalmente, a plan-tear el proceso con el concurso de las propias instituciones profesionales, a las que el poder público suele olvidar con harta frecuencia. También, es cierto, los propios colegios profesionales precisan de una mirada autocrítica y un esfuerzo de adaptación a los nuevos retos sociales y a las nuevas políticas de desarrollo profesional con el objetivo de eliminación de barreras administrativas al ejercicio de la profesión y, sobre todo, al servicio a prestar al ciudadano. No es nuevo este reto para nuestros colegios, que desde hace tiempo y continuamente se están adaptando a los cambios para garantizar un mejor servicio. Piénsese en la generalizada implantación del visado telemático, muy superada ya la primera fase y en procesos de segunda y tercera generación, así como el programa de cursos de formación de posgrado. Podemos hablar, con propiedad, de que se va muy por delante de la Administración, incapaz, salvo en casos muy excepcionales, de implantar la tramitación telemática y simplificar los procesos administrativos, lo que constituye una rémora para la agilidad de las empresas, su desarrollo e innovación. La importancia social de los colegios es tal que sería prácticamente imposible su sustitución por otras entidades sin afectar al desarrollo normal de la sociedad. Por ello, lo que corresponde desde una óptica de progreso es, precisamente, reforzar las instituciones colegiales y reconocerles la función que realizan, haciéndolas partícipes de las políticas de interés social que toda acción de gobierno debe tener por objetivos.

“RESPETO AL MEDIO AMBIENTE, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD Y SEGUROS, ACTUACIONES PROFESIONALES BASADAS EN EL RESPETO Y LA ÉTICA: AHÍ ESTÁ NUESTRO COMPROMISO”

Desde la óptica de nuestro Consejo General, esta función social integra aspectos tales como: participación en el enfoque y desa rrollo de las políticas de seguridad industrial y laboral; participación en campañas de sensibilización, en desarrollo de las políticas de sostenibilidad y protección del medio ambiente; elaboración de propuestas tendentes a la creación de órganos coordinadores de la política industrial; participación en las políticas de inmigración, en cuanto afectan al desarrollo de la propia sociedad del conocimiento; etc. Es evidente, por tanto, que el servicio a la sociedad de nuestros colegios de ingeniería técnica industrial es objetivo prioritario e indiscutible. Hay que impulsar la responsabilidad social, integrada desde sus orígenes en la acción colegial. Y reforzar el carácter de pertenencia a la llamada Sociedad Civil. Para una acción social de los colegios sin obstáculos, es preciso robustecer la necesaria “autorregulación” profesional. La modernización debe establecerse bajo ese parámetro.

La acreditación, como garantía de una adecuada preparación de los profesionales, es necesario que esté regulada desde los propios colegios. En este mismo sentido cabe hacer efectiva la participación en la simplificación de los procesos administrativos: delegación de funciones por parte de la Administración para verificación de solicitudes (de industrias, servicios, etc.) y control de las mismas. Es decir, la participación en las “ventanillas únicas” de próxima creación por mor de la transposición de la Directiva de Servicios.

Y completando el círculo de acción social, debo hacer referencia a la participación en el diseño de las condiciones o directrices de los estudios universitarios que dan acceso a la profesión. Asimismo, como complemento a esta función, el establecimiento de una programación estable de la formación a lo largo de la vida profesional, hito fundamental del Espacio Europeo de Educación Superior que, sin duda, repercutirá positivamente en el hacer de los profesionales y, por ende, en la sociedad. En definitiva, se trata de cumplir la función social máxima que la propia Ley de Colegios Profesionales, Ley anterior a la Constitución, ya recogía: “actuar con respeto a los derechos particulares”. Podríamos decir ahora, en lenguaje más actual, “a los derechos de los ciudadanos”. Derechos concernientes al medio ambiente, derecho de los consumidores a productos y servicios de calidad y seguros, derecho a actuaciones profesionales basadas en el respeto y la ética. Ahí está nuestro compromiso.