La nueva ley de residuos, que abre la puerta al antiguo sistema de devolución de envases, no convence a nadie y destapa una guerra entre sus promotores y los defensores del actual modelo de reciclado
En España no reciclamos bien. Más de la mitad de los residuos que generamos acaban en los vertederos, frente al 40% de media de nuestros socios europeos y muy lejos de Holanda y Alemania, países que prácticamente reciclan todas sus basuras.
Consciente de que nuestro país tiene un problema serio con la basura, el Parlamento dio el pasado mes de julio luz verde a la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, un texto normativo que trans-pone la directiva europea sobre esta materia y actualiza la legislación tras cerca de 15 años de aplicación de la primera ley de residuos. Pero a pesar de apostar por la prevención, el aprovechamiento de los recursos y tratar de sentar las bases para desterrar la cultura del usar y tirar, no se puede decir precisamente que el nuevo marco regulador haya arrancado con buen pie. La culpa es la falta de consenso y los intereses contrapuestos de quienes hoy son los principales actores de este sector, las sociedades responsables de los actuales sistemas integrados de gestión de residuos (SIG) y los que apuestan por recuperar.
Unos y otros se disputan un pastel de unos 500 millones de euros anuales que salen del consumidor sin apenas control, tal como reconoce el propio Ministerio de Medio Ambiente y denuncia la Fundación Retorna, que sostiene que el sector de los residuos es uno de los menos transparentes y que en la basura casi lo más limpio es la basura.
Cobro por envases
Así, esta asociación de la que forman parte una decena larga de organizaciones ecologistas, sindicatos, asociaciones de consumidores y usuarios o empresas y fundaciones del sector de la recuperación de Cataluña, quiere importar a España el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), un sistema que, aseguran, triunfa en el norte de Europa y otros muchos países y que prevé la posibilidad de llevar los envases de un solo uso a alguno de los establecimientos adheridos y recibir, a cambio, el dinero que se pagó previamente, y que podría ser, según los primeros modelos que se barajan, de 25 céntimos de euro.
Los partidarios de este sistema defienden que supone la puesta en práctica de la máxima de que quien contamina paga, ya que si el usuario tira el envase no lo cobra, aunque es muy probable que alguien sí lo recoja para conseguir el dinero.
Sin embargo, se quejan de que la nueva ley, aunque recoge la opción de implantar en un futuro un SDDR, eso sí, supeditado a un estudio previo que garantice su viabilidad técnica y económica, no incluye su obligatoriedad –a diferencia de Alemania, donde desde la implantación de este sistema hace ahora más siete años se ha conseguido llegar a tasas de reciclado del 98,5%–, lo que entienden supone una apuesta por el actual modelo, cuya gestión, aseguran, ha fracasado tras 12 años de implantación y ya no da más de sí.
Para justificar esta afirmación, los representantes de Retorna afirman que de los 51 millones de envases que diariamente se consumen en España, con el actual sistema solo se reciclan alrededor del 30%, mientras que el resto acaban tirados por las calles y plazas de la ciudades o, en el mejor de los casos, en los vertederos o las incineradoras con el consiguiente impacto ambiental y pérdida de materias primas, energía y recursos.
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), por su parte, también bendice la bondad de este sistema de depósito y devolución de envases apoyándose en una reciente encuesta realizada a 2.000 ciudadanos, en la que 9 de cada 10 consultados se mostró partidario de adoptar o colaborar con el SDDR.
De acuerdo con esta investigación, el 60% de los encuestados se muestra convencido de que los beneficios que se obtendrían con la implantación de este sistema superarían con mucho sus posibles desventajas, al margen de que más del 32% reconoce que aún tiene dificultad para separar la basura por falta de contenedores o por lejanía de estos (las asociaciones Ecoembes y Ecovidrio aseguran, por el contrario, que el 98% de los ciudadanos tiene fácil acceso a alguno de los más de 280.000 contenedores amarillos, 164.500 verdes y 140.000 azules que hay en España), así como que el 40% todavía no sabe muy bien qué contenedor ha de usar en cada caso.
Oportunidad para el empleo
Comisiones Obreras, por su lado, asegura que no se trata solo de que los restos de cualquier botellón puedan cotizar en las calles, sino, sobre todo, de que la implantación de este sistema podría generar en su primera fase unos 14.000 empleos, según se destaca en un informe elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de este sindicato. Su apuesta por esta iniciativa es, apostillan, por convicción ambiental, pero también porque si existe la posibilidad de recuperar todos los envases sería de tontos no hacerlo.
Junto a ellos, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace, tres de las organizaciones ecologistas que se han sumado a la iniciativa impulsada por la Fundación Retorna, han lamentado los escasos avances ambientales y económicos de esta nueva ley, cuyo texto consideran que es una oportunidad perdida para el reciclaje.
Así, y aunque reconocen algunos elementos interesantes, como el objetivo de reducción en la generación de residuos del 10% para 2020, se quejan de que la nueva norma haya dejado fuera mejoras imprescindibles e insistentemente demandadas por las tres ONG. Entre ellas, aluden a la recogida selectiva de materia orgánica, la prohibición de la distribución gratuita de las bolsas de plástico de un solo uso –la ley establece un calendario de desaparición gradual que culminará en 2018– o la exclusión de la incineración como opción de gestión. En frente se encuentran los sistemas integrados de gestión como Ecoembes y Ecovidrio, así como los fabricantes de latas y representantes del sector de la alimentación, del pequeño comercio de las grandes superficies y de empresas de distribución, que consideran el SDDR perjudicial para sus intereses y el de los consumidores.
En su opinión, el sistema de cobro por envases no solo supondría duplicar el actual sistema, sino que abocaría a la economía española a asumir unos cambios que no tienen demanda social porque España ya cumple con creces los objetivos de reciclaje de la Unión Europea.
Además, critican que el SDDR únicamente sirve para reciclar vidrio, plástico, acero y aluminio, es decir, la cuarta parte del total de envases que ya gestionan en la actualidad Ecoembes y Ecovidrio.
Demasiado caro
Los defensores de dejar las cosas como están subrayan, asimismo, que el sistema de depósito y devolución de envases ya ha sido rechazado por caro en Francia y Reino Unido. Según sus cálculos, la inversión inicial para implantar este sistema en España rondaría los 460 millones de euros en maquinaria (a razón de unos 20.000 euros por cada una de las más de 20.000 máquinas que instalar), a los que habría que añadir otros 500 millones anuales en gestión. Y todo, dicen, para tan solo aumentar en un 2% la tasa de reciclado.
Este grupo entiende que lo importante es defender el medio ambiente, pero a un precio razonable. Por eso, no comparten la necesidad de realizar estas inversiones millonarias y menos ahora, en tiempos de penuria económica. En este sentido, la Confederación Española de Comercio asegura que el 88% de los 91.000 pequeños establecimientos a los que les afectaría esta posibilidad no podrían implantarlo por falta de liquidez, cuando no por limitaciones de espacio.
Una idea que también comparte la Asociación Española de Distribución, Autoservicios y Supermercados (Asedas), para la que buena parte del éxito del que goza el sistema de distribución en nuestro país, reconocido como uno de los mejores de la UE, descansa precisamente en el tamaño de la tiendas y la maximización del espacio comercial, algo que, obviamente, pondría en peligro las máquinas de recogida de envases.
Por otro lado, todo ellos censuran que el sistema que la Fundación Retorna promueve para España es que los envases recogidos de este modo vayan al reciclaje. Y para ese viaje no se necesitan tantas alforjas.
Son demasiadas diferencias para una ley que buscaba poner orden y concierto en este sector y que se anunciaba como ambiciosa y eficaz. El tiempo dirá si esta norma resulta pionera en la gestión de residuos o si, por el contrario, ha desatado una guerra que nadie desea, pero que muchos temen no haya hecho sino que comenzar.
Los residuos, en cifras
Poner números a los residuos no resulta tarea fácil. Mientras que los responsables de los SIG hablan de cifras por encima de los objetivos marcados por la UE, los ecologistas aseguran que estos datos están inflados y que son bastante inferiores a los facilitados. En medio de esta guerra de cifras, el informe Perfil ambiental de España 2010, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, refleja que cada español generó 547 kilos de basura en 2009, lo que coloca a nuestro país en la novena posición dentro de la UE, donde la media es de 513 kilos por habitante.
Según este informe, el 39,1% de los residuos generados en España tuvo como destino su reciclado, mientras que el 52,1% acabó en el vertedero y el 8,8% fue incinerado.
Asimismo, este documento destaca que las tasas de recogida y reciclaje de papel y cartón rondan el 74%, al mismo nivel que los países europeos más avanzados.
Por su parte, la tasa de reciclado de vidrio fue del 67,1%, lo que nos sitúa en la media de la UE.
Finalmente, España ocupa el quinto lugar en generación de residuos de envases con algo más de ocho millones de toneladas, con una tasa de reciclado del 59,1% y una tasa de valorización del 65,4%.
