Colegios profesionales (no se trata de más Estado, sino de mejor Estado)

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«Ya irá a visitarle un técnico» es una frase sumamente común y, casi siempre, desprovista de significado suficiente. En el mero ámbito doméstico ocurre a menudo: ante una filtración que corroe las paredes o una avería eléctrica peligrosa que genera descargas sin que se dispare el diferencial, se anuncia la llegada del «técnico», sin más. La gama de profesionales a quienes se denomina técnicos es inacabable y la denominación obedece, principalmente, a la decisión de su empleador que, a menudo, es también su presunto formador.

Ese es uno de los riesgos, poco percibidos por la sociedad, que dejan de correrse cuando, tras el técnico, hay una organización colegiada profesional. Los colegios profesionales son organizaciones expertas y responsables, amparadas por la ley con deberes estrictos, deontológicos e inspectores, que congregan en España y en Europa a millones de profesionales liberales -en ejercicio libre-, cuya actualización constante y su adaptación a las necesidades de la sociedad se plasmó en nuestra Constitución y, a escala de la Unión Europea, en el Tratado de Roma.

No toda actividad legal está amparada por una legislación profesional específica ni tutelada por una representación de esa profesión sujeta a las leyes y con el deber de hacerlas cumplir, en beneficio -esto se olvida con frecuencia- de la sociedad, del usuario, del cliente, ya sea individual o corporativo, persona física o jurídica, particular o pública.

«Los colegios profesionales pueden ser cooperadores excepcionalmente cualificados del legislador y del gobernante»

Los colegios profesionales, por su experiencia histórica, pueden ser cooperadores excepcionalmente cualificados del legislador y del gobernante en lo tocante a redefinir la naturaleza de una profesión y las condiciones exigibles a quien la ejerce.

Los profesionales presentan, por descontado, servicios, pero el acto profesional no se agota en eso y tampoco es siempre un acto mercantil ni administrativo. Todo ello necesita actualización, porque no solo hay nuevas profesiones, sino modos nuevos de ejercer las ya existentes, y, sin afán intervencionista, es un deber social que haya controles que eviten la mala praxis, también en procedimientos, métodos y protocolos innovadores que carecen de precedentes.

No es una actitud estatista, sino previsora y de tutela de los derechos sociales. No se trata de más Estado, sino de mejor Estado.

No es una petición extravagante, puesto que nuestra Constitución dedica su artículo 36 a esta materia desde hace cuatro decenios.

Las profesiones acreditadas y relevantes deben en buena medida su prestigio a que están respaldadas -garantizadas, podría decirse- por un colegio profesional, cuya existencia misma reduce drásticamente la incertidumbre y la desconfianza. Lo cual se debe, entre otras cosas, a que se ocupa de la tarea supervisora y de a formación continuada de sus miembros.

A raíz de la crisis económica de 2007 y a causa de los episodios de aventurerismo político que vive España, se oye decir con frecuencia a personas representativas que nuestra actividad económica requiere estabilidad política, seguridad jurídica y confianza social. En los tres ámbitos opera positivamente el Colegio Profesional, pues aporta un referente permanente para todo un sector de titulados profesionales, se atiene a las prescripciones legales y actualiza su conducta al ritmo del cambio legal y, en fin, por su preocupación deontológica delimita moralmente los márgenes en que han de operar sus afiliados.

Terminaré este artículo con las palabras pronunciadas por el Presidente de Unión Profesional en el I Congreso Nacional de Profesiones: «En los últimos 30-40 años, la planta de las profesiones colegiadas ha experimentado una enorme expansión y dispersión acompañada, también hay que decirlo, de alguna confusión y olvido de misión esencial. Una desviación que, en un marco influido por dinámicas meramente económicas, podría eclipsar la razón de ser y la esencia de las profesiones: un compromiso especial auto exigido, con la ética social, con el conocimiento experto y con la independencia de criterio y toma de decisiones».

Tras el I Congreso Nacional de Profesiones organizado por Unión Profesional esperamos de esta asociación supracolegial que ejerza el liderazgo ante la Unión Europea para armonizar, actualizar y dar dimensión e importancia al acto profesional.

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