Ninguna infraestructura se construye sin proyecto. Ningún sistema se desarrolla sin planificación. Ninguna organización funciona sin un marco que defina sus reglas. Sin embargo, la ingeniería en España, siendo uno de los pilares del desarrollo económico y tecnológico, continúa operando sin una ley que ordene de forma integral su ejercicio profesional y sin coordinación con el ámbito universitario.
Esta paradoja obliga a plantear una cuestión de fondo: ¿es necesaria una Ley de la Ingeniería?
La respuesta es clara es SÍ, es necesaria, y no solo conveniente, sino imprescindible para dar respuesta a una situación que se ha ido consolidando con el paso del tiempo y que afecta directamente al desarrollo de la profesión, a la calidad de los servicios técnicos y, en última instancia, al conjunto de la sociedad.
La ingeniería española ha experimentado en las últimas décadas una profunda transformación en el ámbito académico, especialmente tras la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Sin embargo, esta evolución no ha venido acompañada de una actualización equivalente del marco normativo que regula el ejercicio profesional, que, en la mayoría de los casos, presenta estructuras del siglo XIX. Como consecuencia, se ha generado una desconexión evidente entre la formación recibida y el desarrollo de la actividad profesional, así como un entorno caracterizado por la fragmentación, la inseguridad jurídica y la existencia de interpretaciones divergentes.
Este escenario, ampliamente conocido, no puede prolongarse. La falta de un marco común limita el desarrollo ordenado de la ingeniería, dificulta la identificación clara de competencias y responsabilidades, y genera incertidumbre en profesionales, empresas, administraciones y estudiantes. Todo ello impacta, además, en la confianza que la sociedad deposita en los servicios técnicos.
En este contexto, la necesaria Ley de la Ingeniería se configura como el instrumento para dar una respuesta estructural a esta problemática. Su finalidad es establecer un marco que permita alinear la formación académica con el ejercicio profesional, definir con precisión las competencias y responsabilidades, y garantizar un entorno de seguridad jurídica para todos los agentes implicados.
Pero esta ley no debe entenderse únicamente como una herramienta para resolver problemas existentes. Debe ser, además, un instrumento para ordenar, cohesionar y proyectar la ingeniería hacia el futuro. La diversidad de ramas y especialidades, lejos de ser un elemento de división, constituye una fortaleza que requiere un marco común que facilite la colaboración y reduzca la conflictividad. La construcción de un modelo basado en competencias permitirá avanzar hacia un sistema más coherente, eficiente y adaptado a la realidad actual.
Al mismo tiempo, esta ley ha de concebirse con una clara vocación de futuro. La evolución tecnológica, la aparición de nuevas disciplinas y la creciente complejidad de los sistemas técnicos exigen una regulación flexible y dinámica, capaz de adaptarse a los cambios y de anticipar los retos que se plantearán en los próximos años. No se trata únicamente de resolver los problemas del presente, sino de evitar que estos vuelvan a reproducirse.
La dimensión estratégica de esta norma es igualmente evidente. La ingeniería desempeña un papel fundamental en ámbitos clave como la transición energética, la digitalización, la sostenibilidad o la modernización del tejido productivo. Disponer de un marco normativo claro, coherente y alineado con el entorno europeo no solo refuerza la competitividad, sino que facilita la movilidad profesional y mejora la calidad de los servicios técnicos.
Asimismo, un sistema ordenado y transparente contribuye a generar confianza. Confianza en la ciudadanía, que demanda servicios técnicos seguros y de calidad; en las empresas, que necesitan identificar con claridad las capacidades profesionales; y en los estudiantes, que requieren referencias claras sobre su futuro profesional y un marco que dé sentido a su formación.
La alineación con el entorno europeo constituye otro elemento esencial. La convergencia con los modelos existentes en otros Estados miembros y el respeto a los principios de reconocimiento de cualificaciones y libre prestación de servicios son aspectos fundamentales para situar a la ingeniería española en un contexto plenamente integrado en el mercado interior.
En este punto, resulta oportuno invitar a una reflexión compartida. A todas las organizaciones de la ingeniería, a las universidades, los empresarios y empleadores, a los propios profesionales y, de manera muy especial, a los jóvenes y estudiantes que representan el futuro de la profesión. La construcción de este nuevo marco no puede entenderse como una iniciativa aislada, sino como un compromiso colectivo que exige implicación, visión y responsabilidad.
Porque serán precisamente las nuevas generaciones quienes desarrollen su carrera en el modelo que hoy seamos capaces de definir. Y es, por tanto, en ellas donde debe centrarse buena parte de este esfuerzo: en ofrecerles un sistema claro, coherente, alineado con Europa y capaz de reconocer el valor de su formación y de su talento.
La cuestión, por tanto, ya no es si esta ley es necesaria. La cuestión es si estamos dispuestos, como colectivo y como país, a asumir la responsabilidad de impulsarla.
Porque posponerla supone perpetuar los problemas actuales y no abordarla implica renunciar a un sistema más claro, más justo y más competitivo. Y porque sin un marco adecuado, la ingeniería española seguirá operando por debajo de su verdadero potencial.
La Ley de la Ingeniería no puede seguir siendo una aspiración. Debe convertirse en una prioridad compartida. Y hacerla realidad no es solo una oportunidad: es, hoy, una responsabilidad ineludible.
José Antonio Galdón Ruiz
Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España y de la Fundación Técnica Industrial
