España ha decidido modificar la Ley del IVA para evitar el fraude fiscal que se cernía sobre la compraventa de derechos de emisión de CO2. Tras la evidencia de que el mercado de derechos de emisión de CO2 se había bloqueado por el temor a operaciones fiscalmente fraudulentas, el Gobierno ha introducido en la Ley de Sociedades de Inversión en el Mercado Inmobiliario una disposición por la que se modifica la Ley del IVA en línea con lo que ha hecho Holanda. Esto es, invirtiendo el sujeto pasivo en el mercado de derechos de emisión.

De esta manera, el Ministerio de Economía y Hacienda quiere evitar el llamado efecto carrusel del IVA que se ha introducido por primera vez en el sector servicios a través de los derechos de CO2, pero ya existía en el mercado del oro y en el de la chatarra. El fraude consiste en la compra transfronteriza de un producto sin IVA, su venta local cobrando el impuesto y la desaparición del intermediario con el IVA cobrado y sin saldar con el fisco. Con la inversión del sujeto pasivo será el comprador (por ejemplo, las empresas eléctricas, siderúrgicas o cementeras que necesiten adquirir derechos para producir) el que liquide el IVA con Hacienda. De esta manera, se evita que el defraudador (suele tratarse de sociedades pequeñas que luego desaparecen) se quede con la recaudación.