Pocas cosas están tan mediatizadas por la visceralidad como el tema nuclear. El miedo irracional de los unos se compensa con el optimismo despreocupado de los otros, y entre ambos se sitúan, con posiciones más o menos firmes, una inmensa mayoría. La costumbre de los opinadores públicos que no militan profesionalmente en ninguna de las opciones extremas suele ser ambigua, dando una de cal y otra de arena, en un juego de equilibrio que a veces exige emular a Pinito del Oro. Pero la situación actual de la cuestión energética exige adoptar posturas más claras y comprometidas, aunque no conlleven la concesión de una carta blanca.

Las predicciones más fiables apuntan a que la demanda energética mundial crecerá de aquí al 2030 hasta duplicarse, y que ese incremento se producirá sobre todo en los países en desarrollo. Aunque las energías renovables aumentarán de forma espectacular, y pese a los augurios de agotamiento de reservas, de crecimiento de los precios y del establecimiento de cortapisas ambientales a su uso, ese crecimiento se sustentará fundamentalmente, una vez más, en los combustibles fósiles. Y las emisiones de gases de efecto invernadero que ello conllevará aumentarán de forma inimaginable, con o sin protocolos de Kioto y sucesores, hasta duplicar las actuales hacia 2055, pasando de 7 GtC (miles de millones de toneladas de carbono) a 14 (S. Pacala, R. Socolow, 2004). Existen muchas opciones para reducir esas emisiones en 1 GtC, como por ejemplo, según estudios citados por Cayetano López, director de energía del Centro de Investigaciones Medioambientales, Energéticas y Tecnológicas (Cie-mat): 1) duplicar la eficiencia de 2.000 millones de automóviles, de manera que recorran 24 km por litro frente a los 12 actuales; 2) duplicar la eficiencia de todas las plantas de carbón del mundo, pasando del actual 32% al 60% de energía recuperada en forma de electricidad; 3) multiplicar por 20 la actual capacidad eólica mundial; 4) multiplicar por 400 la actual capacidad solar; 5) introducir sistemas de captura y almacenamiento del dióxido de carbono en unas 800 centrales de carbón (de una potencia instalada media de 1.000 MW); 6) centuplicar la producción actual de etanol de Brasil (líder mundial en este apartado) y 7) duplicar la potencia instalada actual de energía nuclear. Con estas siete opciones juntas, tan sólo se conseguiría estabilizar las emisiones en los valores actuales, no reducirlas, como sería deseable.

¿Cómo se puede en estas condiciones desdeñar el papel que puede jugar la energía nuclear? La cuestión exige deshacerse de prejuicios y analizar el problema con la mente limpia de ideología, especialmente ahora que se plantea la toma de decisiones concretas por parte del Gobierno español, ya que se acerca el momento de decidir si se amplía o no la llamada vida útil de una central española, la de Santa María de Garoña. Cuando se proyectaron las primeras centrales nucleares, se concibieron para asegurar una vida operativa de 40 años, pero ello suponía plantearse hipótesis más ambiciosas (es decir, que los materiales y sistemas deben estar preparados para un plazo mucho más amplio). Si a ello se suman las mejoras y renovaciones que se han ido introduciendo por las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), no cabe prejuzgar si es posible el alargamiento de la vida operativa de la central, sino exigir que de autorizarse (como ya se ha hecho con 50 centrales en Estados Unidos, a las que se ha ampliado el periodo de vida útil a 60 años) se haga con las debidas exigencias de seguridad de funcionamiento que imponga en su día el CSN en caso de dar luz verde a la solicitud. En unos meses veremos si se decanta la ambigüedad manifiestada hasta ahora por el presidente del Gobierno, que se autodefinió como antinuclear en su primera legislatura y declaró estar dispuesto a secundar la posición de nuestros socios europeos en esta cuestión en el discurso de investidura de su segundo mandato.

Dar un sí a la energía nuclear, como hizo hace ya unos años James Lovelock (el creador de la famosa teoría Gaia, venerada por los ecologistas), no significa necesariamente confiar en que los peligros de accidente grave son nimios o despachar alegremente el problema de los residuos o el riesgo de proliferación nuclear (el desvío de material, esencialmente plutonio, para construir bombas). Los problemas existen y exigen continua vigilancia y mejora de las tecnologías, pero hay que reconocer que en sus más de 40 años de existencia, la energía nuclear apenas ha tenido un pequeño puñado de accidentes con riesgo real para la población, aunque los daños ocasionados por el más grave de ellos, el de Chernobil, sean muy elevados. A pesar de la aparatosidad de algunos de los sucesos acaecidos en las centrales españolas (como la fuga de partículas de Ascó del año pasado) y la atención mediática que siempre suscita cualquier anomalía (aunque sea la ruptura de una minúscula válvula ajena al reactor), hay que tener en cuenta que el nuclear es, sin duda, el sector industrial más vigilado y controlado que existe.